La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional, así como al gobierno del estado de Jalisco, medidas cautelares para Susana Mendoza Carreño, directora del medio Radio Universidad de Guadalajara, por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Todo ello por la documentación allegada a la CNDH en el caso, ya que se observó que la agresión sucedió tras un incidente contra el automóvil en el que se transportaba la comunicadora, después de que acudiera a cubrir un evento periodístico y entrevistara al presidente del ejido Vallarta, en la ciudad de Puerto Vallarta, respecto de la problemática persistente en torno a la construcción supuestamente irregular de un desarrollo inmobiliario en dicha localidad.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició de manera inmediata el expediente de queja respectivo, en el que solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y la Fiscalía General de la entidad aplicar los protocolos.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales de Puerto Vallarta para implementar las medidas cautelares con el objeto de que, en el ámbito de sus competencias, se vele por la vida, seguridad e integridad de la periodista agredida, así como para que se realice una investigación penal por la agresión de la que fue objeto, aplicándose los lineamientos y protocolos en materia de libertad de expresión.
La comisión de Jalisco resaltó que acudió, en calidad de observadora, a distintas manifestaciones públicas que han tenido lugar en esa entidad, motivadas por la preocupación de la sociedad civil ante el creciente contexto de riesgo que enfrentan las personas periodistas en esa región.
Además, la CNDH y la CEDHJ hicieron un llamado conjunto a las autoridades federales y locales a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales para garantizar que las y los periodistas puedan ejercer plenamente su libertad de expresión y de prensa, contribuyendo así a fortalecer el derecho de las personas a estar informadas, procurándose la democracia y pluralidad en el país.
Detallaron que las medidas cautelares ya han sido notificadas a las citadas autoridades, por lo que ambos organismos permanecen atentos a las respuestas correspondientes y, de ser aceptadas, darán seguimiento a su implementación y cumplimiento, vigilando que se respeten los derechos humanos.