Representantes del Comité de Víctimas 9N y de Amnistía Internacional denunciaron ayer en conferencia de prensa virtual simulación por parte del gobierno del estado de Quintana Roo, tras romper la intención de firma del acuerdo de reparación del daño.

Edith Olivares Ferreto, representante de Amnistía Internacional, relató que tras varias mesas de trabajo con la Fiscalía General del Estado y con Lizbeth Lugo, asesora jurídica victimal, se había establecido que para agosto presentarían el acuerdo final que sería revisado y posteriormente firmado en septiembre.

“El 9 de abril el secretario de gobierno, Jorge Arturo Contreras, se comprometió con las víctimas a firmar ante notario un acuerdo de reparación integral del daño, para garantizar que el acuerdo no se va a interrumpir con el cambio de administración”, indicó Olivares Ferreto.

Esta propuesta de acuerdo fue trabajada de manera conjunta entre las víctimas y las organizaciones acompañantes, con base en los estándares internacionales y en las reuniones mensuales se habían tenido avances.

Sin embargo, de manera “desafortunada e inesperada” en la mesa de trabajo del 11 de julio el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Prado Laguardia, señaló que el gobierno del estado no va a firmar la propuesta de acuerdo de reparación integral del daño, que no tiene condiciones para firmar un acuerdo ante notario público y que por lo tanto ni siquiera estaba dispuesto a firmar el calendario de trabajo.

Por su parte, Wendy Galarza, víctima del 9N, denunció que con estos hechos queda claro que hay simulación en todos los aspectos y con la firma del acuerdo se esperaba evitar caer en ella, y lo que ven es que a estas personas ya no les importa si cumplen o no, porque ya se van con el cambio de gobierno.

“Nosotros queremos saber la verdad, y al acceder a este tipo de mesas y trabajo, a pesar de la revictimización que hacen, es una burla totalmente, tanto para el comité como para las organizaciones que nos acompañan”, acusó la joven.

A todas las personas que estaban en la reunión, reconoció Edith Olivares, les tomó por sorpresa este anuncio, dado que fue la misma autoridad la que propuso en un inicio esta firma, para retornar la confianza de las víctimas en el estado y de que había intención de reparar el daño por la represión del 9 de noviembre de 2020.

Con información de La Jornada