Las tienditas de la esquina, parte fundamental de la vida comunitaria en Yucatán, enfrentan un futuro incierto ante el proyectado aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 2026. Con más de 24 mil pequeños comercios en operación, el estado podría ver cómo cientos de estos negocios familiares cierran sus puertas si se concreta la medida fiscal.

El IEPS, que desde 2014 grava a bebidas azucaradas y alimentos procesados, ha sido criticado por generar una carga desproporcionada sobre los pequeños comerciantes. Mientras las grandes cadenas de conveniencia tienen la capacidad de absorber el impacto y competir con promociones, las tienditas sobreviven con márgenes mínimos y dependen directamente de la venta de refrescos, botanas y productos ultraprocesados.

Un golpe a la economía local

En colonias como Lindavista, Pensiones o San Sebastián, la tiendita de la esquina es más que un negocio: es un punto de encuentro social y un motor económico. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), un aumento de un peso por litro en bebidas azucaradas podría reducir las ventas hasta en un 20% en estos pequeños comercios.

“El alza al IEPS podría significar la desaparición de cientos de tienditas. Y cada cierre no es solo un negocio perdido, sino una familia entera sin sustento”, advirtió Carlos Chan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Yucatán.

El impacto sería aún mayor en comunidades rurales, donde las tienditas son a menudo la única fuente de abasto de productos básicos. “En pueblos como Tekantó o Ticul, la tiendita es el único lugar donde la gente consigue lo necesario sin tener que viajar kilómetros. Si cierran, se afecta la economía y la vida diaria de toda la comunidad”, subrayó la investigadora social Rosa Alcocer.

Competencia desigual frente a grandes cadenas

Mientras los pequeños comercios batallan por mantenerse a flote, las grandes cadenas de conveniencia continúan expandiéndose en Yucatán. Actualmente, municipios como Kanasín y Progreso ya registran un crecimiento acelerado de estas tiendas, que logran atraer a los consumidores gracias a promociones y programas de fidelización imposibles de replicar por los pequeños tenderos.

“Nosotros compramos al menudeo, no tenemos la capacidad de ofrecer descuentos como las cadenas grandes. Si encima los precios suben por los impuestos, los clientes se van a ir allá, y nosotros no podemos competir”, lamentó doña Teresa, dueña de una tiendita en el centro de Mérida.

Política fiscal y salud: un dilema no resuelto

Desde su implementación, el IEPS ha incrementado la recaudación fiscal en más de 40% en términos reales. Sin embargo, la promesa de mejorar la salud pública sigue sin cumplirse. La diabetes pasó de afectar a 9.2% de la población en 2012 a 12.6% en 2023, mientras que la obesidad en adultos aumentó de 32% a 37.1% en el mismo lapso.

“Se castiga al pequeño comerciante y a los consumidores de bajos ingresos, pero no se observa una estrategia integral que resuelva los problemas de salud”, comentó la nutrióloga yucateca Daniela Solís.

El costo social de las tienditas cerradas

Más allá de las cifras económicas, el cierre de tienditas tendría un impacto social profundo en Yucatán. Estos negocios son espacios de convivencia en barrios y colonias, generan cercanía entre vecinos y representan una forma de autoempleo para miles de familias.

“Cerrar una tiendita no es como cerrar un local de cadena. Aquí se pierde el ahorro de toda una vida, se afecta la confianza del barrio y se rompe el tejido comunitario”, explicó el sociólogo meridano Gerardo Méndez.

El desafío para 2026

La discusión sobre el incremento al IEPS abre un debate crucial en Yucatán: ¿cómo proteger la salud de la población sin condenar al fracaso a miles de pequeños comerciantes?

Para tenderos como don Manuel, en Itzimná, la respuesta parece clara: “Queremos que la gente viva más sana, pero también necesitamos vivir nosotros. Si cierran las tienditas, perdemos todos”.

El futuro de estos negocios, que han acompañado a generaciones enteras de yucatecos, pende de un hilo ante una política fiscal que podría convertirse en la estocada final para miles de familias.